Blocaires del Pirineu

Un 70% de los inmigrantes que ha llegado en los últimos cinco años a Catalunya vive en régimen de alquiler, frente al 12% de media general de la población catalana, según revela el estudio Las condiciones de vida de la población inmigrada en Catalunya, de la Fundación Jaume Bofill.

Las viviendas de los inmigrantes sufren peores condiciones El alquiler y el hacinamiento son las principales características de la vivienda de los extranjeros que se afincan en el territorio catalán, y señaló que se dan también en otros países receptores de inmigración. La gran proporción de inmigrantes que vive de alquiler a su llegada se reduce al 56% después de cinco años y al 18% en 20 años. De este modo, los extranjeros acceden "progresivamente" a la vivienda de propiedad.

No obstante, este acceso a la propiedad "no significa una mejora cualitativa de las condiciones de las viviendas" en las que residen, puesto que sufren "falta de instalaciones" como falta de ascensor. Por tanto, las viviendas de los inmigrantes sufren "peores condiciones" y las carencias persisten hasta diez años después de llegar a Catalunya.

El alquiler y el hacinamiento son las principales características de la vivienda de los extranjerosUn 62% de los inmigrantes no dispone de ascensor en su vivienda, un 64% no tiene calefacción, un 86% carece de aire acondicionado. Según el coautor, estas medias "están por encima de la media catalana" de las que no facilitó cifras.

Respecto a la ocupación media de viviendas, que en Catalunya es de 2,8 personas por hogar, el hacinamiento de los pisos varía según la procedencia de los inmigrantes. Según el estudio, un 35% de la población magrebí vive en una casa sobreocupada, o 'piso patera' que es como se conocen este tipo de viviendas, frente a un 31% de la población asiática y de Oceanía, un 23% del resto de Africa y entre un 16% y un 20% de la población sudamericana.

Los extranjeros con residencia legal en España superaron por primera vez los cuatro millones (4.192.835) de personas a finales del primer trimestre de 2008, según datos a 31 de marzo de 2008 a los que ha tenido acceso Europa Press. Entre los extranjeros de fuera de la UE, casi medio millón (454.101) tienen un permiso de residencia no lucrativa (no pueden trabajar), mientras que otros 905.416 tienen un permiso de trabajo por cuenta ajena (asalariado) y 14.240 por cuenta propia (autónomos).

Además, más de 850.000 inmigrantes tienen residencia permanente en España (pueden residir y trabajar en las mismas condiciones que los españoles). Mientras, 304.004 todavía disfrutan de un permiso de residencia inicial, 744.468 lo han renovado una vez y 287.067 ya han pasado por su segunda renovación. Los ciudadanos de la UE pueden trabajar y residir en las mismas condiciones que los españoles (salvo la moratoria que afecta hasta 2009 a rumanos y búlgaros) siempre que se inscriban en el Registro Central de Extranjeros.

Por otro lado, casi dos de cada cinco ciudadanos no nacionales que residen en España pertenecen a la UE, mientras que un tercio son de Iberoamérica, y poco más de un quinto son africanos. Además, un 5,6 por ciento son asiáticos y un 2,85, europeos no comunitarios. Un 54,3 por ciento son hombres y un 45,6 son mujeres.

La colonia extranjera ha experimentado un crecimiento del 5,3 por ciento en tres meses (213.821 personas más) y del 29,5 (casi un millón de personas más) en los últimos 12 meses. Es decir, siguen creciendo, aunque algo menos que en el último trimestre de 2007 (6,36 respecto al tercer trimestre de 2007 y 31,68 respecto a diciembre de 2006).

MARROQUÍES Y RUMANOS

Los marroquíes siguen siendo la colonia más numerosa (675.906 personas), aunque los rumanos cada vez están más cerca (664.880). A continuación, se encuentran los ecuatorianos (413.642), los colombianos (264.549), los británicos (206.168), los búlgaros (136.504), los italianos (130.905), los chinos (126.057), los peruanos (123.161) y los portugueses (109.576).

De nuevo, los que más crecen son los rumanos (60.991 más que en diciembre de 2007), los marroquíes (27.171) y los ecuatorianos (17.884), aunque porcentualmente crecen más rumanos, bolivianos, portugueses y búlgaros.

Como es habitual, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía agrupan al 65,5 por ciento de los extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor. Por provincias, en Madrid y Barcelona residen un 32,7 por ciento.

Respecto al régimen de residencia, la incorporación de Rumania y Bulgaria en la UE (y el cambio de tipo de permiso) supone desde 2007 un descenso en el número de permisos adscritos al Régimen General (no comunitarios) que ha disminuido este trimestre en 127.038 personas, y un aumento consiguiente en el Régimen Comunitario, que aumentó en 340.859 personas. En total, 2,2 millones de extranjeros están inscritos en el Régimen General y 1,9 en el Régimen Comunitario.

La edad media de los extranjeros en España es de 33,2 años y 199.677 son nacidos en España. De éstos, casi tres de cada cinco tienen una nacionalidad africana, y una quinta parte de la UE.

LOS ESTUDIANTES INMIGRANTES, POR PRIMERA VEZ

Junto a estas estadísticas, por primera vez el Ministerio de Trabajo e Inmigración facilita la cifra de estudiantes extranjeros extracomunitarios. Así, un total de 42.878 inmigrantes tienen autorización de estancia por estudios o investigación en España, y más de la mitad son mujeres, 22.945, frente a 19.928 varones.

Del total de estudiantes no nacionales ni de España ni de la UE, un 63 por ciento son latinoamericanos, un 12,7 por ciento son africanos; un 11,6 por ciento, son asiáticos; un 7,9 por ciento, norteamericanos; y un 2,4 por ciento europeos no comunitarios. En la distribución por sexos, sólo en el caso de los africanos hay más hombres que mujeres.

Por nacionalidades, los mexicanos son los estudiantes más numerosos (5.853), seguidos de colombianos (5.029), brasileños (3.529), marroquíes (3.305), estadounidenses (3.168), peruanos (2.294), chilenos (2.176), chinos (1.994), venezolanos (1.958), dominicanos (1.215) y argentinos (1.139). Más de la mitad de los estudiantes (56 por ciento) se reparten entre Barcelona y Madrid.

En todo proyecto migratorio se suelen dar, con cientos de matices, tres fases: salida del país de origen, vinculación con el mismo y retorno, bien periódico o definitivo. La única experiencia que España tiene en esta última fase es la que vivieron los emigrantes que tuvieron que salir del país como consecuencia de la guerra y de la dictadura. Por eso ahora todo el mundo está expectante por ver qué ocurrirá con la población inmigrante, la más afectada por la crisis económica. ¿Se va a producir un retorno en masa de este colectivo? ¿Han saltado las alarmas antes de tiempo? ¿Qué implica para una persona volver a su país de origen?

Marlene, una ecuatoriana de 47 años, es el fiel reflejo de que los procesos migratorios no son una ciencia matemática. Vino a España, como tantos otros, por probar, con las facilidades de entrada que no le daba Estados Unidos, el país donde siempre ha querido vivir. En uno o dos años regresaría a Loja, su ciudad natal, con la maleta a rebosar de experiencias. Con la satisfacción del emprendedor que logra su objetivo. Y así fue. Volvió, para traerse a su hijo de tres años. Ecuador no le daba ninguna garantía entonces. Ya regresaría.

Han pasado 12 años, pero Marlene sigue pensando en retornar. "Yo, como persona, ya no estoy haciendo nada. Siento cómo poco a poco la vida me consume", dice sentada en un banco de un parque madrileño, con la mirada perdida en un horizonte que no acaba de atisbar. ¿Por qué no se vuelve entonces? "Mi hijo está completamente adaptado a España, quiero que sea mayor de edad -ahora tiene 15 años- y que decida qué le conviene. No quiero arrastrarle conmigo y partirle su vida de repente".

Hay un factor más que Marlene trata de ocultar, pero que es incapaz de negar cuando se le pregunta por él. ¿Supone un fracaso regresar a tu país? "Implica volver a empezar de cero. Con el tiempo, la sensación de que he perdido unos años de mi vida aumenta; ¿qué puedo hacer yo ahora en Ecuador?", se pregunta. Acto seguido, suspira y, siempre sin mirar a los ojos, añade: "Pero allá tengo a mi familia, volver a verlos sería un alivio".

Esa especie de Dr. Jeckyll y Mr. Hyde suele asaltar al migrante cuando se da de bruces con la realidad y comprueba que el regreso idílico que había soñado al acabarse un ciclo no se cumple. La inmigración entiende poco de utopías. De ahí que sea difícil, prácticamente imposible, responder de forma concreta qué implica el regreso para un inmigrante: cada persona es un mundo.

"Lo que no hay que olvidar es que todo aquel que sale de su país, tarde o temprano, salvo excepciones, tiene en mente regresar", explica María Gutiérrez, una de las responsables del área jurídica de la ONG Rescate, una de las siete organizaciones que gestiona el programa de retorno voluntario de inmigrantes financiado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales -ahora pasará a estarlo por la nueva cartera de Inmigración-, y que desde el año 2003 ha facilitado el regreso a casi 3.700 personas, una cifra que muy pocos se atreven a calificar de exitosa.

"El retorno tiene que verse como una opción. Que suponga un porcentaje pequeño no quiere decir que sea una cantidad a infravalorar", matiza Carmen Peñalva, jefa de la Oficina en España de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que ha tramitado en los últimos cuatro años la vuelta a casa de 2.795 personas.

Aquel que quiera participar en este programa deberá superar una serie de requisitos mínimos: no tener recursos económicos para volver por sus medios; haber residido en España al menos seis meses; una valoración de los servicios sociales del Ayuntamiento en el que se resida o de una ONG especializada, y presentar por escrito una declaración de voluntariedad del interesado. A partir de entonces, las organizaciones valorarán cada caso.

Que el retorno de migrantes no es algo nuevo lo atestigua que ambas organizaciones llevan trabajando desde hace muchos años. Venían pidiendo a gritos que la Administración emprendiese programas como éste para ayudar a la gente que no le ha ido bien. Nacieron, pues, como una herramienta más de los servicios sociales. Y están a la espera de una evolución que, según ambas organizaciones, "es necesaria", puesto que el actual programa es más humanitario que asistencial.

La promesa que lanzó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante el pasado debate de investidura de que facilitaría el retorno voluntario de los inmigrantes, bien concediendo microcréditos o pagándoles el subsidio del paro de golpe y porrazo, ha pillado de sorpresa a las organizaciones, que no tenían ni idea de esta medida. Al menos ha conseguido que todo el mundo esté expectante por comprobar si se trata de una política de Estado, de Gobierno o una mera improvisación.

Uno de los grandes problemas que se encuentra una persona cuando quiere regresar a su país de origen es la cantidad de dinero que ha de desembolsar, y que en algunos casos supone gastarse todo lo ahorrado: billete de avión -si es una familia entera, el precio es desorbitado-, gastos de reinstalación...

"El programa actual pide a gritos que se le añada un acompañamiento final; ahora mismo su enfoque hace que sea residual, hay que vincular el retorno a la idea de que no supone un fracaso, sino una opción más", recalca Juan Carlos Roiz, presidente de la asociación América España Solidaridad y Cooperación (AESCO). Su organización trabaja con la OIM, tanto de España como con la de Inglaterra. Con esta última ha conseguido acuerdos con cerca de un centenar de empresas en los países de origen: del sector servicios, panaderías, joyerías, etcétera.

Es inevitable relacionar las ayudas prometidas por Zapatero con la crisis económica que se vive a escala mundial. ¿Realmente un mayor número de parados extranjeros propiciará un retorno masivo de inmigrantes? Hasta el momento no hay apenas datos disponibles, aunque los expertos consultados no creen que ambas circunstancias vayan de la mano.

Actualmente hay 504.000 parados extranjeros, 97.000 más que hace tres meses, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). "La tendencia es que aumentará el número de inmigrantes sin empleo, especialmente los que trabajan en la construcción y en la agricultura, aunque este último sector fluctúa constantemente", explica Miguel Pajares, del Grupo de Investigaciones sobre Exclusión y Control Social de la Universidad de Barcelona, que está preparando el informe Inmigración y mercado de trabajo, para el Ministerio de Inmigración.

El propio Pajares puntualiza que ese análisis no tiene que llevar a ninguna conclusión precipitada. "Hay que ver cuántas personas son reciclables en otros sectores distintos de la construcción; no hay que olvidar que los inmigrantes tienen mucha capacidad de movimiento", una opinión que quedó contrastada hace apenas dos semanas con unos datos publicados por el Ministerio de Trabajo, según los cuales la hostelería había sido capaz de equilibrar el descenso registrado en la afiliación de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social en la construcción. En concreto, este último sector perdió 7.170 afiliados, un 1,9% respecto al mes anterior. La Semana Santa propició, sin embargo, que la afiliación total de foráneos fuese de 255.798 personas, 14.546 más que en febrero, lo que supone un 6% de incremento.

Hay que tener en cuenta también que una persona no se vuelve así como así. Muchas familias están tratando de reagruparse actualmente en España, y el regreso no es tan sencillo. "Después de cinco años aquí, he conseguido traerme a mi mujer y a mis tres hijos, que quiero que crezcan conmigo", afirma Carlos, un colombiano de 43 años, que hasta ahora trabajaba en la construcción. "Ahora sale menos trabajo, pero ya ando buscándome otra cosa, no me voy a quedar quieto". Su objetivo es que, cuando España remonte el vuelo económico, también se vengan sus dos hermanas. "La vida en Colombia es mucho peor, créame", asegura.

Del mismo modo que cada persona es un mundo, lo es el país de origen. En la mayoría de casos la situación económica es más cruda que aquí. Eso hace que a muchas personas, cuando se les habla de regreso, miren con ojos de incrédulos.

Los que más sencillo lo tienen para regresar son, a priori, los originarios de los países del Este, especialmente Rumania y Bulgaria, que cuentan con una comunidad en España de más de 600.000 y 120.000 personas, respectivamente.

El pasado mes de marzo, el Ministerio de Trabajo rumano organizó unas jornadas en Castellón en las que ofrecía 10.000 empleos y así planteaba a sus compatriotas la posibilidad de regresar a su país, donde hay ya muchos puestos que cubrir. Recientemente, el ministro Paul Pacuraru estimó en unas 500.000 las plazas vacantes. En las jornadas, sin embargo, no se ofreció ningún contrato laboral, critica Gelu Vlasin, portavoz de la Federación de Asociaciones de Rumanos en España (FEDROM).

"No los había, la gente dejaba sus currículos y quedaban a la espera de que les llamasen para hacer la prueba pertinente en Rumania", lamenta Vlasin, quien aporta dos ejemplos bastante ilustrativos: "En Castellón hay una colonia rumana de unas 50.000 personas y sólo acudieron a las jornadas 1.000; los sueldos que ofrecían eran de entre 400 y 1.000 euros, aunque, en realidad, a estos últimos sólo tenían acceso las personas más cualificadas. ¿Realmente se va a volver la gente por menos dinero de lo que cobra aquí? Lo dudo mucho".

Alguien que decide salir de su país, que recorre miles de kilómetros en busca de una oportunidad, no se vuelve así como así. Se agarra a lo que pueda. Andrada, rumana de 29 años, llegó con su marido a San Sebastián de los Reyes (Madrid) hace cuatro años. Seguían la estela de su madre, que había tenido que dejar Rumania hacía un tiempo para poder salir del atolladero económico en el que estaba la familia.

A Andrada no le habían concedido el visado de trabajo, así que tuvo que apañárselas como pudo para viajar "un tanto ilegal" hasta España. Trabajó de dependienta en una tienda china cuando apenas sabía decir "hola" y "hasta la vista", porque lo había aprendido con Terminator; posteriormente, se dedicó a cuidar a un niño, y ahora alterna labores domésticas en distintas casas con clases particulares. Andrada está licenciada en el equivalente al Magisterio en Rumania.

De aquel piso compartido "con algunos rumanos más" de cuando llegó ha pasado a uno en el que vive con su madre y su marido. Sus sueldos, además, les permiten ahorrar. Con un castellano cada vez más fluido, y con unas ganas de aprender todavía mayores, lo tiene muy claro: "¡Cómo me voy con todo lo que me ha costado integrarme! Crisis también la hay en mi país, y mucho peor", se defiende.

El sociólogo y director del Observatorio Vasco de Inmigración, Xabier Aierdi, cree que España sigue basando su esquema en la sociedad industrial, y quizá sea ése el problema a la ahora de abordar la situación actual y de no tener respuestas a tantas preguntas: "Se han hecho predicciones centradas en la fábrica, en un empleo de por vida, cuando hoy lo que cuenta es que existe mayor precariedad laboral y más sitios donde trabajar, aunque seguramente con peores condiciones que antaño".

Dejar de analizar una sociedad dinámica con esquemas estáticos es una constante en la que Aierdi lleva trabajando mucho tiempo. "La lógica del empleo es diferente de la de hace 40 años. Ahora estamos en carreras de 800 metros, de 1.000, a lo sumo de 10.000, pero para nada se corren ya maratones. El empleo no da esa imagen de identidad que sí suponía en el pasado, ahora estamos en otra fase, se quiera o no", insiste el profesor.

¿Qué está ocurriendo entonces? ¿Por qué da la impresión de que, en cuanto ha aumentado el paro entre los inmigrantes, se ha pensado en su retorno? ¿Realmente el Gobierno, con las ayudas prometidas, está animando a la gente que no tenga trabajo a volver a su país?

"Lo que ocurre es que las políticas migratorias tienen un componente de opinión pública muy importante, y a veces ésta pesa más y distorsiona la realidad", opina Carlos Giménez, catedrático de Antropología Social de la Universidad Autónoma. "Cuando se hace referencia a la necesidad de enfatizar el control de la inmigración clandestina, en realidad se está hablando de una minoría de otra minoría. Pero lo que llega a la gente no es tanto un mensaje de control de los flujos, sino de tranquilidad de que no se están produciendo avalanchas de inmigrantes", añade.

La inmigración, coinciden varias de las personas consultadas, es una necesidad estructural, un fenómeno de larga duración al que se le está relacionando con uno que, en teoría, no va a durar mucho tiempo. Cuando la situación económica mejore, se seguirá necesitando mano de obra inmigrante. ¿Qué pasará entonces si ahora se fomenta el retorno?

Xabier Aierdi opina que la raíz de cualquier debate que surge hoy día es que a la hora de estudiar los procesos migratorios poca gente se da cuenta de que se está hablando de personas. "Hay quien acusa de estar sobrepasando el umbral de tolerancia, como si se tratase de fluidos, como si estuviese hablando de una política hídrica y no de personas. La ilusión de todo Gobierno es tener unos flujos migratorios controlados, pero, desgraciadamente para ellos, no son dos bidones que se nivelan y que determinan cuántos extranjeros hay que tener en cada momento".

Afectaría también a los menores no acompañados

Bruselas. La Unión Europea prepara una normativa para hacer más eficiente la expulsión de inmigrantes indocumentados que se encuentran en los 27 países de la Unión. El acuerdo estaría implicando a ocho millones de personas, según la Comisión. Este es el resultado de la postura comunitaria que apuesta por la seguridad, que aplica Francia e Italia en contraposición con la humanitaria y del derecho, que defiende España.

Actualmente el plazo de detención de los inmigrantes en España es de 40 días, luego de los cuales, son liberados y pueden recurrir la orden de expulsión. El proyecto conocido como Directiva de Retorno, preveé que este plazo sea aumentado a seis meses, con prórroga de 12 más en caso de ser necesario por falta de medios o ‘colaboración’ del detenido. Los dirigentes encargados de elaborar el documento, buscan que se incluya en esta política a los menores no acompañados –en su mayoría de Marruecos- y la prohibición de los expulsados de volver a pisar suelo europeo en cinco años.

Según el Centre for European Reform –Centro Europeo de Reforma-, anualmente ingresan dos millones de inmigrantes, una cantidad superior incluso a Estados Unidos. El Centro calcula que entre 500 mil y un millón son irregulares. El diario El País informó que los países podrán decidir no aplicar la directiva a los inmigrantes que "hayan sido rechazados en la entrada del país o interceptados en las fronteras".

Estarán excluidos de la normativa, los demandantes de asilo y sólo podrán ser detenidos quienes estén bajo procesos de retorno cuando exista riesgo de fuga, intenten eludir o entorpecer la repatriación.

Hace unos días la Cámara de la construcción de la cerdaña y berguedá nos brindó la oportunidad de participar en un curso de aprendizaje de catalán y desde la asociación pusimos manos a la obra de inmediato.

Llenamos de carteles la villa, llamamos a los compañeros y al fin de ellos varios pudieron acceder a el curso, previo paso de cumplir varias condiciones.

El curso se encuentra en su fase final ya, motivo para que el ayuntamiento envie cartas a los participantes invitandoles a una reunion para conocer sus avances y cosas así, PERO....... nada de nada para uno de los actores que trabajamos duro para que los compañeros tuvieran acceso a ese curso.

La lectura es clara: divide y triunfarás, afortunadamente los compañeros saben de que va con este ayuntamiento, un ayuntamiento que abusa del poder que el pueblo le otorga, que aplica su código de instransigencia, que no conoce o que pasa de ser democrático, que es en definitiva incapaz de asumir que comete errores.

Ni en tiempos de dictadura se ven actitudes totalitarias como esta.

Pero se abre hasta la última puerta si los adulamos, hablan de intregación cuando discriminan y cuando dejan de lado a gente que les critica.
La regidora de cultura a quien le envie varios mensajes no tiene ni la más mínima voluntad de que la VILA GEGANTERA se lleve a cabo, eso sin duda es un mandato directo del alcalde JOAN PLANELLA.

Hablan de integración pero aplican la discriminación selectiva a aquellos que opinan diferente, hablan de respeto pero si criticas, te cierran la puerta, intentan dividir y se visten de angeles.

Son, en suma, un gobierno incapaz de ser tolerante e incapaz de dialogar, propio de gente cerrada, propio de dictadores.
salud.